El 14 de enero de 2010, con un histórico discurso en el parlamento, el Presidente de Mongolia Tsakhiagiin Elbegdorj, proclamó la introducción de una moratoria oficial de las ejecuciones, decretó la reducción automática de todas las sentencias capitales a 30 años de reclusión y manifestó abiertamente su intención de llegar cuanto antes a la abolición total e incondicional de la pena de muerte.

La Comunidad de Sant’Egidio manifiesta su reconocimiento por esta sorprendente y valiente decisión en la voluntad de eliminar de una vez para todas de la legislación de Mongolia la pena capital.

Dicha determinación en realidad no es el fruto de una decisión repentina. Ya hace 19 años, cuando era diputado, Elbegdorj había propuesto introducir en ámbito constitucional su total eliminación del sistema judicial del país centroasiático.

No obstante, el carácter extraordinario de la iniciativa presidencial destaca por un enfoque profundamente humanista en la concepción de la justicia, y por una teoría especialmente progresista del respeto de la vida y de la dignidad humana, que tiene pocos precedentes en el continente asiático.

Desde que llegó a la presidencia de Mongolia hace siete meses Elbegdorj no ha suscrito intencionadamente ninguna ejecución y hoy indica la necesidad de poner fin a lo que él mismo no duda en definir como la “vergüenza” del régimen penal mongol: el total olvido de los detenidos en los corredores de la muerte, y de sus cuerpos tras la ejecución, que son ocultados en el más rígido secreto de estado, sin que sus familias puedan tener un lugar donde poder llorarles.

El Jefe de Estado, explicando las razones de su decisión, declara ante todo que la facultad de conceder la gracia, incluso a quien ha cometido el peor de los delitos, es un principio al que hay que ser fiel porque garantiza y defiende el valor de la vida humana. Se demuestra especialmente preocupado por el error judicial y el riesgo de condenar a un inocente. Especialmente en Mongolia, donde se contemplan 59 casos de delitos capitales. Recuerda que en tan sólo 16 meses, desde 1937 hasta 1939, 20.474 ciudadanos mongoles –de los que 1.228 en un solo proceso– fueron eliminados, víctimas de persecuciones del régimen.

“La pena de muerte –afirma el Presidente de Mongolia– degrada la dignidad humana, provoca en las familias de las víctimas y de los condenados heridas, dolor y resentimiento”. Y recuerda que según las antiguas tradiciones de su país, la vida es la mayor riqueza para cualquier hombre o mujer.

“Lejos de privar de la vida a sus ciudadanos –declara– por el contrario el estado debe ejercer el poder de impedir la supresión de un ser humano, cuando la sociedad civil dejada libre a sí misma no sea capaz de garantizar que los hombres se asesinen unos a otros”.

Ante el argumento del respeto de la mayoría de la voluntad del pueblo que pudiera estar a favor del homicidio de Estado, afirma que ninguno de los países que hasta ahora han abolido la pena capital lo ha hecho por presiones “de la base”. Y un estado incapaz de clemencia no puede infundir confianza en sus ciudadanos.

“Quiero ser un presidente –dice Elbegdorj– que no prive de vida a sus ciudadanos en cualquier circunstancia en nombre del Estado. El derecho a la vida es absoluto y no puede depender ni siquiera el jefe del Estado”. Y continúa: “No existe ningún estudio que demuestre que la abolición de la pena de muerte aumente el índice de criminalidad. Por el contrario, está ampliamente demostrado que mantenerla provoca un aumento de los delitos más graves. Así pues, la pena capital no es una medida disuasoria de los delitos".

La Comunidad de Sant’Egidio comparte profundamente dichas convicciones, apoya y alienta al presidente Elbegdorj en el no fácil camino hacia la abolición en su país y saluda un acontecimiento de extraordinaria relevancia hacia la afirmación de la vida siempre y en cualquier circunstancia.

El trabajo común de la Comunidad de Sant'Egidio con Tamara Chikunova, que ya ha llevado a la abolición de la pena capital en Uzbekistán, ha ayudado a los esfuerzos que estos años han creado en ámbito institucional y de la sociedad civil un cambio decisivo para un mayor respeto de la vida humana y una justicia sin muerte en Mongolia. El paso que ha dado hoy aquel país es importante e indica un camino practicable también para otros gobiernos de Asia, en el año en el que se presentará a las Naciones Unidas la Resolución por una Moratoria Universal en la Asamblea General.