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18/12/2001 |
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Mario Marazziti, presidente de la Comunidad de San Egidio, es una de las cabezas visibles del movimiento que aboga por una moratoria mundial de la pena de muerte. Para lograrlo, y entre otras medidas, reúne en el libro «No matarás» textos de siete intelectuales, entre ellos Norberto Bobbio, y documentación actualizada sobre una cuestión cuya primera arma es la falta de transparencia en muchos países donde se aplica. Es un enemigo que se cubre el rostro. En una cultura donde todo se cifra en cantidades, donde Internet facilita todo –o casi todo- en breves instantes y donde la democracia permite el acceso del ciudadano a los mecanismos del Estado, la pena de muerte ha conseguido esconderse. Es opaca. Nadie puede hacerse exactamente una idea de su alcance. Sólo disponemos de números de condenados en países como Estados Unidos –en los Estados donde todavía hoy se permite- y pocos más, mientras las autoridades gubernativas son las primeras en poner trabas a este tipo de información en el caso de China, Irán, Cuba, Afganistán o Libia. En la actualidad, la pena de muerte está amparada por las leyes en 86 países de los cinco continentes. Otros 21 Estados contienen la pena capital en su legislación pero no la aplican desde hace al menos diez años. Catorce son abolicionistas para delitos ordinarios y el resto del mundo, setenta y cinco en total, son abolicionistas. Chile fue el más reciente en erradicar la pena de muerte en su Constitución, el pasado mes de junio. Pero, sin ir más lejos, en un país como Japón sigue en pie. Allí, ni el condenado ni su familia reciben noticia de cuando se producirá la ejecución. En el caso de China a una persona se le puede aplicar la pena de muerte por 68 delitos, entre ellos el gamberrismo, la perturbación de la vida de los ciudadanos, la alteración del orden público o la venta de falsos certificados de esterilidad a una mujer que no quiera someterse al control de natalidad. En 1999, el gobierno chino reconoció oficialmente 1.077 ejecuciones, mientras que en ese mismo año se registraron un total de 1.813. En los países árabes, se detecta un aumento de condenas capitales en Egipto y en Arabia Saudí, donde en el año 2000 se produjeron 120 ejecuciones (se revela además en la estadística una tendencia contra los extranjeros). La capacidad de liderazgo de Estados Unidos en otras luchas que guardan relación con los derechos humanos, no aparece en el caso de la pena de muerte, porque estados como Texas, Florida, Georgia, Nuevo México, Ohio, Massachussets, Nevada, Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Montana o Louisiana siguen con ella. En el año 2000, Estados Unidos alcanzaba la cifra de 85 condenados. Mario Marazziti - presidente de la Comunidad de San Egidio- emprendió una campaña en pro de la moratoria mundial de la pena de muerte como vía de erradicación legal. En dos años, la han firmado cristianos de todas las confesiones, musulmanes, hebreos, budistas, sintoístas, hinduistas, organizaciones no gubernamentales y personas no creyentes. Hasta el momento, son 3.213.974 firmas. CASTIGAR CON LA MISMA ARMA «No matarás» (editado por Península y con textos de Helen Prejean, Norberto Bobbio, Francesco Cossiga, Anatoli Pristavkin, Pierre Sané, Patricia Toia y el biblista Armand Puig) no es «una ingenuidad, aunque sí un instrumento débil pero se suma a iniciativas que pueden contribuir a un cambio importante. Venecia, por ejemplo, será ciudad contra la pena de muerte». Para el presidente de la Comunidad de San Egidio, «se trata de formar frentes que faciliten a los países su adhesión a la moratoria», porque «ese es un primer paso decisivo en el ámbito internacional». Su libro fue presentado ayer a los medios de comunicación por Pasqual Maragall.
Dolors Massot
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