Apreciado director, en las últimas semanas, a pesar de la persistencia de la pandemia de Covid 19, hemos regresado de forma progresiva -con las precauciones necesarias- a las actividades laborales y escolares. También han aumentado las relaciones sociales a partir del verano, en lugares turísticos y en todas las ciudades, a veces con preocupación por las tertulias provocadas. Sin embargo, existe una gran categoría de ciudadanos que todavía están en gran parte excluidos de este retorno a una "normalidad protegida": los ancianos "institucionalizados".
La Comunidad de Sant'Egidio, presente desde hace años con miembros y voluntarios en cientos de residencias sociales, sanitarias y de bienestar social, considera que las "nuevas pautas" del Istituto Superiore di Sanità son muy restrictivas para las visitas de familiares y amigos a las instituciones residenciales. La iniciativa podría haber sido un paso positivo hacia la reintegración de los ancianos en las relaciones sociales de la sociedad. En realidad, no ha sido así. Las personas mayores de 65 años han sufrido restricciones muy severas en las relaciones sociales durante el confinamiento y hasta la fecha, con graves consecuencias psicológicas y de salud. Aún hoy, las directrices expresan una política de protección extremadamente restrictiva con respecto a las relaciones interpersonales, que puede incluso constituir una violación de los derechos individuales. Se comprenden fácilmente las restricciones aplicadas a quienes están infectados y, por lo tanto, sujetos a cuarentena. Pero parece mucho más cuestionable implementarlas para quienes deberían estar protegidos y no son portadores de ninguna infección. En algunos casos, se imponen medidas restrictivas no muy alejadas de las que se utilizan en un régimen penitenciario.
Basta pensar que no se defiende el derecho a recibir visitas. Todo queda a criterio del gerente de la estructura. Las visitas a veces quedan reservadas para casos excepcionales además de la limitación a un solo familiar por visitante y un máximo de 30 minutos. Más que una política restrictiva, creemos que es necesario todo lo contrario, es decir, fomentar más relaciones entre los huéspedes con el mundo exterior, aunque con las precauciones necesarias. Es necesario, además, permitir visitas de familiares, amigos y voluntarios, dada la gran cantidad de personas solas entre los residentes.
Las restricciones aplicadas no garantizan una protección efectiva para los más vulnerables, a la vez que se establecen las relaciones personales como un factor de protección indispensable para la salud física, mental y psicológica de cada individuo. Por supuesto, es absolutamente necesario evitar nuevos brotes de Covid-19 en las residencias, como lamentablemente sucedió de manera dramática en los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, conviene recordar que la gran mayoría de las infecciones en estas estructuras no se produjeron por la relación con familiares u otros visitantes, que fueron los primeros en informar de lo que estaba sucediendo, sino por el incumplimiento de las normas de prevención de las mismas residencias que acogen a los ancianos. De hecho, sería necesario realizar controles más rigurosos sobre el personal sanitario. Éste, por desgracia y a pesar del heroísmo de algunos de los trabajadores, se ve involucrado en muchas ocasiones en la cadena de infecciones y en las políticas implementadas por la gestión de estas estructuras.
La dificultad fáctica o la imposibilidad de escuchar a los residentes, denunciada por muchos (a menudo por familiares), tampoco ha sido objeto de atención dentro de las pautas establecidas por el Istituto superiore di sanità. Cuando no sea posible un encuentro presencial, es necesario indicar al menos figuras de referencia que garanticen la información y las relaciones, incluso con videollamadas y medios informáticos, herramientas que por otra parte son muy poco comunes en estas instituciones.
Incluso en referencia a la protección de la salud de los huéspedes de las residencias, observamos problemas graves. Por ejemplo, el documento desaconseja acudir a visitas de especialistas sin proponer alternativas: es una disposición que limita efectivamente el derecho al tratamiento, teniendo en cuenta que se trata de personas con patologías graves o crónicas que necesitan un seguimiento adecuado. E incluso la sugerencia a los médicos de familia de recurrir a la telemedicina (muy poco extendida en las residencias de ancianos) en lugar de las visitas presenciales (que por otra parte no sería imposible de garantizar), probablemente conducirá a una reducción de la protección de la salud. Los ancianos, incluso los "institucionalizados", no pueden convertirse en ciudadanos de segunda, sino por el contrario, en estricto cumplimiento de los procedimientos de prevención, ser los primeros en gozar de la atención de las instituciones y la sociedad italianas. ¡No separemos el destino de los más jóvenes del de los mayores! La sociedad necesita puentes y no muros.
Marco Impagliazzo
Presidente de la Comunidad de Sant'Egidio
Traducción de la redacción.
Fuente: Corriere de la Sera
