Pero hay un aspecto de esta crisis que se pasa por alto: en el Donbass, la vasta región de Ucrania en disputa entre separatistas prorrusos y ucranianos, el llamado conflicto de baja intensidad ya ha causado desde 2014 más de 14.000 víctimas. Una verdadera crisis humanitaria en las fronteras de Europa, frente a la falta de atención de la política y la opinión pública. Según datos publicados recientemente por la ONU, casi tres millones de personas viven en situación de precariedad en aquel territorio; el 54% son mujeres, el 13% menores, mientras que otro 13% son personas discapacitadas. Un tercio de los habitantes (900 mil personas) son ancianos.

La situación de la población en las áreas bajo el control de las autoridades separatistas prorrusas es particularmente difícil debido a la falta de acceso a la ayuda internacional, cuya distribución se complica por el hecho de que la línea del frente está plagada de minas antipersona (Ucrania es uno de los países del mundo con mayor número de minas terrestres). En este escenario, por ejemplo, los jubilados no reciben una pensión porque solo se paga en los territorios bajo control ucraniano. Además, muchos ancianos sufren un grave aislamiento porque el conflicto ha hecho que los miembros más jóvenes de la familia se muden a otro lugar.

Si alguien enferma, nadie puede ayudarlo. A pesar de todo las zonas separatistas reciben ayuda de Rusia, que en los últimos años ha otorgado a los ciudadanos de esta región más de 700.000 pasaportes rusos, lo que legitima la necesidad de una posible defensa de la población ya no solo porque son rusos desde un punto de vista étnico y lingüístico, sino también legal. El Kremlin continúa considerando estas áreas (y toda Ucrania) como un elemento esencial de su «esfera de influencia» en Europa del Este. La vida en el Donbass, en los últimos años, se ha militarizado y ha difundido entre los ciudadanos una dinámica de guerra: restricciones de viaje, escasez de alimentos y medicamentos, personas desplazadas, mercado negro y corrupción, problemas para que los niños vayan a la escuela, toques de queda, alarmas antiaéreas, muerte generalizada y gradual destrucción de infraestructuras, hogares de civiles y lugares sensibles.

El aeropuerto internacional de Donetsk puede considerarse un símbolo de este conflicto: se reconstruyó para el Campeonato Europeo de Fútbol de 2012, fue completamente destruido durante los enfrentamientos entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos en enero de 2015 y hoy su sombrío esqueleto sigue siendo una advertencia de lo que comporta la locura de guerra. La OSCE, que hace un seguimiento de las violaciones del alto el fuego, anunció que, si en el primer trimestre de 2021 hubo 8.700 violaciones, en los meses de verano la cifra había alcanzado los 21.000 casos, y luego, entre octubre y diciembre, se disparó hasta los 36.800 episodios.

La línea del frente, que ya había separado a familias enteras, actualmente está prácticamente cerrada debido a las medidas para combatir la pandemia, lo que genera un sufrimiento añadido. Precisamente la separación de las familias es uno de los grandes problemas que ha comportado la guerra: en Ucrania muchas familias son mixtas. Rusos y ucranianos han convivido en aquellas tierras durante siglos. La guerra insinúa división y desconfianza en las propias familias. El empobrecimiento de la población del Donbass se ve agravado por la crisis económica causada por la guerra: según estimaciones oficiales, entre 2013 y 2018, en los territorios controlados por el gobierno ucraniano de las regiones de Donetsk y Lugansk, el PIB cayó un 61% y un 72%, respectivamente.

Este escenario, además de provocar un profundo sufrimiento en la población local, puede terminar siendo ante los ojos de todo el mundo la mecha para desencadenar un conflicto mayor. Por estas razones, humanitarias y geopolíticas, el Donbass nos afecta de cerca.

[Traducción de la redacción]