Hay que abordar la inmigración en Italia de una vez por todas, con realismo, pensando en el bien común, sin perseguir imágenes distorsionadas o alarmistas, sin expresiones y opiniones que abren el camino a manifestaciones de intolerancia y xenofobia. Sobre todo, hay que combatir la idea de que se trata de un fenómeno incontrolable. La misma realidad lo desmiente.
Basta con pensar que hay unos 5,2 millones de extranjeros residentes en Italia, es decir, el 8,8 por ciento de la población. Son personas y familias que han contribuido de distintas formas durante años al crecimiento de nuestra economía y de nuestros ingresos fiscales. Es una cifra que demuestra que es posible integrar en el tejido socioeconómico de nuestro país a quienes vienen de otros países.
Esta es la principal vía que hay que seguir practicando: la presencia regular. Porque sería bueno no solo para los extranjeros que aspiran a vivir con dignidad en un país donde haya trabajo y democracia, sino también para los italianos que, además, muchas veces intentan hacerles venir y no logran hacerles entrar porque no existen mecanismos que lo permitan. De hecho, según datos de Eurostat, para mantener su nivel de productividad, Italia debería contratar al menos 200 000 trabajadores extranjeros cada año. ¿Por qué no alcanzamos o, al menos, nos acercamos a este nivel fisiológico en lugar de dejar en manos de la criminalidad la gestión de los flujos migratorios que alimentan los viajes en pateras por mar y, como consecuencia, también las tan frecuentes tragedias en las aguas del Mediterráneo?
Gestionar en lugar de dejar que otros gestionen. Algunas propuestas concretas, que pueden resumirse en 5 puntos, ayudarían a eliminar la irregularidad en beneficio de todos.
Primero: hay que hacer una revisión al alza del llamado «decreto de flujos», es decir, el número de personas que pueden entrar cada año por motivos laborales. El último decreto de flujos, que se aprobó en diciembre de 2021, preveía la entrada de 69 000 personas, lo que ampliaba los candidatos en comparación con años anteriores, pero esta cifra sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades.
Segundo: es una decisión acertada dar prioridad a los trabajadores que provienen de países con los que Italia ha firmado un acuerdo de cooperación, pero esa debería ser una medida prioritaria, no exclusiva; de lo contrario, se cierra dicha vía a nacionalidades que han demostrado una importante capacidad de integración y arraigo, como la peruana y la colombiana, por poner dos ejemplos, o que quedarían en manos de los traficantes de personas, como en el caso de Eritrea u otros países africanos. Si realmente se quiere combatir la inmigración ilegal, quienes tienen la intención de migrar deben ver la entrada regular como un objetivo alcanzable.
Tercero: está justificado dar preferencia a ciertos sectores productivos con una demanda particular (como el transporte por carretera, la construcción y el turismo), pero no hay que descartar a otros profesionales, como los que se ocupan de los servicios domésticos o la asistencia a personas frágiles y a familias, por los que existe una fuerte demanda sin cubrir.
Cuarto: hay que convertir en estable la norma del pasado mes de junio (adicional al decreto de flujos) que prevé la posibilidad de presentar una solicitud de contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de residencia pero ya presentes en Italia. Dicho de otro modo, y saliendo del lenguaje burocrático, favorecer la reducción del número de inmigrantes que viven en nuestro país y que, por diversas razones, actualmente son irregulares. De hecho, la mayoría de ellos lo son solo por motivos administrativos y no porque hayan infringido la justicia.
Quinto: introducir una cuota anual de entrada por «búsqueda de empleo» como respuesta a la solicitud de un «garante» que se ocuparía del mantenimiento de la persona durante al menos un año. La razón es bien simple: este mecanismo, aunque fuera limitado, permitiría que muchas personas que ya se encuentran en Italia trajeran a sus familiares de manera regular, en lugar de hacerlo clandestinamente.
Son cinco propuestas fácilmente aplicables porque están en sintonía con nuestro sistema normativo y que podemos compartir fácilmente si nos enfrentamos al fenómeno de la inmigración no ideológicamente sino con respuestas concretas que favorezcan la integración y, por lo tanto, el crecimiento humano, social y económico de nuestro país.
[Marco Impagliazzo]
[Traducción de la redacción]
