El 5 de enero de 2012 el parlamento de Mongolia aprobó la adopción del Segundo Protocolo Opcional del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.
La adhesión al tratado compromete solemnemente al país ante las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a no recurrir a la pena de muerte y a adoptar todas las medidas necesarias para lograr su abolición en el sistema jurisdiccional.
La Comunidad de Sant’Egidio recibe la noticia con gran satisfacción y entusiasmo, tras haber colaborado y acompañado paso tras paso el camino que abrió el presidente de la república, Tsakhia Elbegdorj, hace exactamente dos años hacia la abolición de la pena capital, con su decisión unilateral de proclamar una moratoria de las condenas y de las ejecuciones.
Era el 14 de enero de 2010 cuando el jefe del Estado anunció sorprendentemente y con gran valentía ante el Parlamento su voluntad de liberar cuanto antes a Mongolia de la pena capital.
La Comunidad de Sant’Egidio, que ya trabajaba en dicho ámbito y que estaba en estrecha colaboración con la iniciativa del presidente Tsakhia Elbegdorj, unió la lucha institucional y parlamentaria mongola a la comunidad internacional mediante todo tipo de sinergias.
En febrero de 2010 Mongolia participó en el IV Congreso Mundial contra la pena de muerte de Ginebra; el mayo siguiente, durante el quinto congreso de ministros de justicia, que la Comunidad de Sant'Egidio organiza en Roma cada año, la participación de una representación del gobierno mogol constituyó el inicio de una estrecha colaboración entre Sant’Egidio y el entorno del presidente y de un apoyo concreto al proyecto de Tsakhia Elbegdorj.
La visita de una delegación de la Comunidad a Ulaan Baatar en septiembre de 2010 fue determinante para poner en marcha un minucioso proyecto a medio plazo, formado por iniciativas políticas y culturales –aumento del consenso parlamentario, asambleas en escuelas y universidades, recogida de firmas, adhesión de la capital a la jornada internacional “Ciudades por la vida” el 30 de noviembre siguiente, con la participación de la Unión Europea.
Dicha movilización en varios ámbitos ha permitido con el tiempo superar el obstáculo más duro al proyecto abolicionista del presidente Elbegdorj: la oposición de los diputados del Partido Revolucionario del Pueblo Mongol, mayoritario en el Parlamento, determinados a mantener la pena capital en el ordenamiento del Estado.
El 21 de noviembre de 2010 se produjo el primer extraordinario resultado: el voto de Mongolia a favor de la Resolución por la Moratoria Universal en la Asamblea General de la ONU.
El 18 de octubre de 2011, durante un encuentro oficial en Roma con una delegación de Sant’Egidio, el presidente Elbegdorj anunció que el consenso parlamentario sobre la adopción del Segundo Protocolo Opcional –un paso obligado hacia la abolición de derecho– casi se había alcanzado.
Posteriormente, en un mensaje enviado al sexto Congreso de Ministros de Justicia, el 29 de noviembre de 2011, el presidente de Mongolia afirmaba su firme decisión de liberar a su país de la pena de muerte, para "unirse a la comunidad internacional que comparte las mismas convicciones en el respeto de la dignidad del hombre".
La deliberación del 5 de enero de 2012 allana el camino para la abolición definitiva de la pena capital en Mongolia y sitúa al país en la vanguardia de un nuevo humanismo asiático.