Hoy, con la firma del gobernador Pat Quinn de la propuesta de ley aprobada por el parlamento del Estado, Illinois se ha convertido en el 16º estado de EEUU sin pena de muerte. Es un día histórico y extraordinario en América. Se cierra un camino que en 10 años ha logrado detener todas las ejecuciones en el Estado de Chicago y que ha puesto a prueba al sistema judicial hasta concluir por gran mayoría, de ambos partidos, que la pena de muerte es un instrumento perjudicial irremediablemente para el sistema judicial.

El 6 de enero de 2011 la Cámara de Representantes de Illinois votó 60 a 54 por la abolición definitiva de la pena capital. Cinco días después, el 11 de enero, el Senado del Estado aprobó el mismo texto 32 a 35. Faltaba la firma del gobernador Pat Quinn, que sopesó todos los elementos que tenía a su alcance, hasta la histórica firma de hoy. Illinois es el tercer Estado americano en sólo 4 años que abandona la pena capital, después de Nueva Jersey y Nuevo México. Se trata de una aceleración sin precedentes que indica que la pena de muerte en EEUU pasa por un mal momento y está destinada a entrar en el armamentario del pasado. Un avance de proporciones históricas, que llega a pocas semanas de distancia del final de la producción de tiopental sódico, una de las sustancias que se utiliza en EEUU para la ejecución letal, final por el que han trabajado la Comunidad de Sant’Egidio y las principales organizaciones abolicionistas, desde Reprieve hasta Hands off Cain, junto con el Gobierno inglés e italiano.

La Comunidad de Sant’Egidio ha acompañado de cerca la acción de la Illinois Coalition Against the Death Penalty, coordinada por Jeremy Schroeder, y las iniciativas de todo el movimiento abolicionista americano, y celebrará con la ciudad de Roma la abolición de la pena de muerte en Illinois con un acto especial y la iluminación especial del Coliseo, símbolo internacional de una lucha global por una justicia capaz siempre de respetar la vida humana.

Es un avance decisivo hacia la abolición de la pena de muerte también en EEUU. En el año 2010 se ha registrado el menor número de ejecuciones desde 1999: 46, con una disminución del 12 por cien respecto al año anterior. 2010 ha sido también el año con el menor número de nuevas sentencias capitales en EEUU desde 1976: 114, dos terceras partes menos que hace 15 años, el año que registró el pico más alto.

Es un movimiento imparable, un descenso estructural progresivo, confirmado también por las recientes victorias electorales de gobernadores que se oponen públicamente a la pena capital como ha sucedido en California, en el Estado de Nueva York y en Massachusetts. También en Texas, que encabeza la lista con 17 ejecuciones en América, las nuevas sentencias capitales han sido menos de diez y por primera vez un juez ha cuestionado su legitimidad constitucional, su conformidad a la Constitución de EEUU.

Los precedentes:

El ex gobernador republicano Ryan, a finales de enero del año dos mil, decretó la suspensión de todas las ejecuciones, después de que desde 1976 –año en el que se reintrodujeron oficialmente a nivel federal– trece condenados salieran del corredor de la muerte porque se reconoció su inocencia, uno más de los restante doce, que efectivamente eran culpables.

Eran números que indicaban una evidente anomalía en el sistema capital del gran Estado americano, una laguna evidente, por otra parte, en todos los demás Estados norteamericanos mantenedores.

La comisión que creó para arrojar luz a la dinámica de las condenas capitales en Illinois, llegó dos años después a la conclusión de que ningún sistema penal es tan perfecto como para poder excluir la posibilidad de incurrir en clamorosos errores judiciales. Así pues, la pena de muerte, con su carácter definitivo e irremediable, contenía en sí las premisas de un castigo profundamente injusto, porque no admite apelación. Pero no sólo eso. Se descubrió que factores externos como la etnia, la clase social, la geografía, la emotividad de la opinión pública y la ineptitud de los abogados defensores, contribuían de manera decisiva a la imposición de sentencias de muerte.

En enero de 2003, antes de finalizar su mandato, el gobernador Ryan conmutó 167 condenas capitales a cadena perpetua tras haber encontrado un alto margen de error en los procesos que las habían determinado.  Fue la más amplia amnistía jamás realizada en los corredores de la muerte americanos. Sus sucesores han mantenido la moratoria de las ejecuciones, mientras que el gasto público que comportan los pocos presos que todavía están en las cárceles capitales de Illinois ha llegado a ser, desde entonces, de más de 100 millones de dólares. Cada vez son más los estados norteamericanos que, aunque sea sólo por eso, se están preguntando si vale la pena seguir por el camino del asesinato legalizado.

Illinois ahora “ya no forma parte del grupo de aquellos países que llevan a cabo las peores violaciones de derechos humanos, y se une al mundo de la civilización, poniendo fin a la supresión de la vida de personas inocentes”, como dice el senador Kwame Raoul, uno de los mayores defensores del proyecto de ley abolicionista.