La Comunidad de Sant’Egidio apoya la iniciativa del subsecretario Giovanardi para regularizar a todos los inmigrantes ya presentes en Italia al servicio de las familias italianas, de los ancianos, que prestan servicios a la persona, que no pueden suscribir un contrato de trabajo por problemas de permiso de residencia.
Tras la aprobación del denominado decreto de “seguridad” se ha creado una grave situación para todas las familias que desde hace tiempo se sirven de la ayuda de inmigrantes y que no han podido incluir a sus ayudantes y cuidadores en las limitadas cuotas nacionales de regularización. Hoy, a causa de la nueva ley, la situación corre el riesgo de convertirse en paradójica, pues hace que cientos de miles de italianos, además de los propios inmigrantes, puedan ser sancionados: y ello por un servicio necesario para la economía y la calidad de vida.
En ocasión de la ley Bossi-Fini, la Comunidad de Sant’Egidio lanzó la campaña de los ancianos y las familias italianas “Te necesito”, que propició la enmienda para la regularización de los cuidadores y trabajadores extranjeros ya presentes y utilizados por el mercado de trabajo en Italia. Como se sabe, la normativa permitió la regularización de más de 700 mil inmigrantes e impidió el colapso de las familias italianas, además de la resolución de situaciones paradójicas y degradantes de la dignidad de los inmigrantes y los italianos necesitados. Hoy la situación corre el riesgo de ser aún peor, a causa de la penalización y de las duras sanciones que afectarían de inmediato también a las familias italianas necesitadas. Se trataría de una consecuencia perjudicial y surrealista en perjuicio de todo el país. Por eso la Comunidad de Sant’Egidio hace un llamamiento al Presidente del Consejo para que en el próximo Consejo de Ministros, como sugirió el subsecretario Giovanardi, se apruebe un decreto de regularización al menos para los trabajadores familiares y cuidadores que ya están en Italia y ya trabajan con las familias italianas. No puede sino hacer bien al país.
Cabe recordar que estos inmigrantes no tienen nada que ver con el problema y con el decreto sobre la seguridad: se trata de personas indispensables para nuestra economía y para la calidad de vida de nuestro país: de ellos depende de que muchos italianos puedan ir a trabajar, de que muchos ancianos sobrevivan y tengan una calidad de vida digna, y de que muchos niños tengan compañía y una ayuda importante. Se trata de personas que ya viven en nuestras casas y que gozan de una relación de confianza preferente. Sería incomprensible la crisis que afectaría a cientos de miles de italianos, obligados a decidir entre la legalidad sancionada por la nueva ley y el abandono de sus seres queridos, o bien la desobediencia civil por motivos de importancia primaria. Sería como los “efectos secundarios” de las víctimas civiles cuando se bombardean “objetivos militares”. Esperamos que se ponga remedio inmediatamente a esta situación, para que esta ley no sea un boomerang para las familias italianas. |
No rechazemos la humanidad y el derecho
